Por fin, tras meses y meses, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con el acuerdo de empresarios y sindicatos, han aprobado la Ley del Teletrabajo.

El punto clave ha sido la definición de Teletrabajo, es decir, dejar claramente especificado, que situaciones laborales, se consideraran teletrabajo y por tanto amparadas por esta nueva Ley.

El teletrabajo o trabajo a distancia, será aquel se define será aquel que se preste durante «un mínimo del 30% de la jornada, en un periodo de referencia de 3 meses«.

Es decir, en un contrato base de 40 horas y 5 días a la semana, se considerará teletrabajo cuando se realice al menos durante un día y medio a la semana.

Tendrán los mismos derechos. –

Por lo tanto, tienen derecho a cobrar las mismas retribuciones que si trabajasen de manera presencial, por supuesto, tampoco podrán ser modificadas las condiciones pactadas con la empresa, especialmente en temas retributivos, pero también en todo aquello referente a la formación y la promoción profesional.

También deberán ser tenidos en cuenta en todo aquello a medidas y planes de igualdad y conciliación.

Deberá ser voluntario. –

Para ello será necesario alcanzar un acuerdo entre la empresa el trabajador. El trabajador puede negarse a acogerse a esta modalidad laboral sin que pueda ser despedido o sancionado por ello, asimismo tampoco podrá exigírselo a la empresa.

El acuerdo de teletrabajo deberá realizarse por escrito, y podrá estar contemplado en el contrato inicial o acordarse posteriormente.

La empresa tiene un plazo de 10 días para remitir el acuerdo a los representantes de los trabajadores y posteriormente se remitirá a la oficina de empleo.

 La empresa deberá ponerse de acuerdo con el trabajador en aspectos tales como:

  • Inventario de los medios, equipos, herramientas, consumibles, muebles, etc… que exige el trabajo a distancia, incluidos el mobiliario necesario.
  • Los gastos que pudiera tener el trabajador a distancia para que sean retribuidos por la empresa.
  • Los horarios de trabajo y disponibilidad.
  • El porcentaje y la distribución entre trabajo presencial y a distancia.
  • Los medios de control horario y del trabajo realizado.
  • Recomendaciones en materia de protección de datos y de seguridad de la información.

Las empresas tendrán un máximo de un año para adaptarse a la ley o de hasta 3 años en caso que exista un acuerdo con los trabajadores.

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